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CONGRESOS Y REPRESENTACIÓN

La Imagen del Sistema Británico
de Gobierno en España (1759-1814)
1 Gabriel Bonno, La Constitution britannique devant l’opinion française de Montesquieu à Bonaparte (París: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931).
2 Sobre estas dos interpretaciones me extiendo en mi libro Sistema de gobierno y partidos políticos: de Locke a Park (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002). Esta obra se tradujo al italiano con un título más acertado: Governo e partiti nel pensiero britannico. 1688-1832 (Milán: Giuffrè, 2007). En lengua inglesa me limitaré a mencionar los cinco primeros capítulos del clásico estudio de M. J. C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, 2a ed. (Indianápolis: Liberty Fund, 1998), traducido al español en 2008 por el cepc, con una “presentación” a mi cargo.
3 Además de en el libro citado en la nota anterior, de la génesis y desarrollo de la doctrina de la monarquía mixta y equilibrada me ocupo en “La soberanía en la doctrina británica (de Bracton a Dicey)”, Fundamentos, vol. 1 (Oviedo: Junta General del Principado de Asturias, 1998), pp. 96 y 101. En 2005, este extenso ensayo vio la luz en inglés en el núm. 4 de Historia constitucional, http://www.historiaconstitucional.com. Antes lo publicó la Murdoch University Electronic Journal of Law, vol. 6, núm. 3 (septiembre 1999), http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n3/suanzes63-text.html.
4 Cfr. John Locke, An Essay Concerning the True Original Extent and End of Civil Government (capítulos xi, xii y xiii), en Two Treatises of Civil Government, “Introducción de W. S. Carpenter (Londres: Everyman’s Library, 1986).
5 Cfr. Francisco Sánchez-Blanco Parody, Europa y el pensamiento español del siglo xviii (Madrid: Alianza Universidad, 1991), pp. 342 y 349.
6 Cfr. L. Rodríguez Aranda, “La recepción e influjo de las ideas de John Locke en España”, Revista de Estudios Políticos, núm. 76 (1954), p. 123 y ss.
7 Cfr. Richard Herr, España y la revolución del siglo xviii (Madrid: Aguilar, 1979), p. 28.
8 Cfr. Antonio Elorza, La ideología liberal en la Ilustración española (Madrid: Tecnos, 1970), p. 69 y ss.
9 Voltaire, en efecto, en la Carta novena” de sus Lettres philosophiques (más conocidas como Lettres anglaises [1733-1734]), había elogiado ce mélange heureux dans le Gouvernement dAngleterre, ce concert entre les communes, les lords et le roi (París: Gallimard, 1986), p. 69.
10 Cfr. Luis Díez del Corral, El pensamiento político europeo y la monarquía de España (Madrid: Alianza Universidad, 1983), p. 359.
11 El influjo de Locke sobre Montesquieu lo subraya Joseph Dedieu en Montesquieu et la tradition politique anglaise en France (París: 1909) (se ha consultado la reimpresión de 1971), pp. 184-190, mientras que en el de Bolingbroke se extiende Robert Shackleton en Montesquieu. Une biographie critique (Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1977), p. 102 y ss.
12 Las críticas de Montesquieu al sistema parlamentario y su defensa, sin embargo, de los partidos políticos se encuentran en el capítulo vi del libro xi de su célebre obra De la Constitution D’Angleterre, y en el xvii del libro XIX, mucho menos conocido, intitulado “Comme les lois peuvent contribuer á former les moeurs les manières et le caractère d’une nation.
13 Sobre Cladera y su periódico, véase María Dolores Saiz, Historia del periodismo en España. 1. Los orígenes. El siglo xviii (Madrid: Alianza, 1983), p. 192 y ss.
14 Una autocomplacencia muy extendida, como comprobaría Leandro Fernández Moratín en su estancia londinense, a comienzos de 1793, cuando retóricamente se preguntaba: “¿Cómo un inglés confesaría que la forma de su gobierno puede enmendarse, y que no es el más perfecto que existe sobre la tierra? Esto no lo sufre su vanidad”, Apuntaciones sueltas de Inglaterra (Barcelona: Bruguera, 1984), p. 31, una obra que se publicó de forma póstuma.
15 “En cierto modo —afirma Blackstone— como ocurrió bajo la gran revolución del Estado romano, todos los poderes de la antigua Commonwealth se han concentrado en el nuevo Emperador”, Commentaries on the Laws of England, libro 1º, cap. vii, edición de John Bell (Londres: 1813), p. 258.
16 Cfr. Javier Varela, Jovellanos (Madrid: Alianza Universidad, 1989), p. 246.
17 De la difusión en Europa de la obra de De Lolme, así como de sus numerosísimas traducciones, se ha ocupado Bartolomé Clavero en su “Estudio introductorio” a Jean Louis de Lolme, Constitución de Inglaterra (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992), aunque, lamentablemente, nada diga de su difusión en la España del xviii.
18 Constitución de Inglaterra, o descripción del Gobierno inglés, comparado con el democrático y con las otras monarquías de Europa, escrita por el abogado De Lolme, J. L., ciudadano de Ginebra y traducida del inglés por don Juan de la Dehesa, catedrático de Derecho español en la Universidad de Alcalá de Henares, con arreglo a la cuarta edición corregida por el autor (Oviedo: 1812), pp. 138-139. De esta traducción española se hablará más adelante.
19 Con razón Leslie Stephen califica al autor suizo de mero expositor “del evangelio de los constitucionalistas fosilizados”, incapaz de detectar la ya patente intrusión del Legislativo sobre el Ejecutivo y la arraigada tendencia de los ministros de la Corona a convertirse “en un comité de la Cámara de los Comunes”, History of English Thought in the Eighteenth Century, vol. II (Bristol: Thoemmes Antiquarian Books, [1902] 1991), pp. 210 y 214. Aunque los ministros tardarían bastante en convertirse “en un comité de la Cámara de los Comunes”, frase tomada sin duda de Walter Bagehot en The English Constitution (1867).
20 Ana Clara Guerrero, Viajeros británicos en la España del siglo xviii (Madrid: Aguilar, 1990), p. 131.
21 Cfr. la reciente y pionera monografía de Ignacio Fernández Sarasola, Los partidos políticos en el pensamiento español. De la Ilustración a nuestros días (Madrid: Marcial Pons, 2009), pp. 23-33.
22 Duque de Almodóvar, Constitución de Inglaterra, edición de Jesús Vallejo (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000), p. 44.
23 Ibidem, p. 4.
24 Cfr. Ignacio Fernández Sarasola, Los partidos políticos en el pensamiento español, pp. 30-31.
25 Manuel Moreno Alonso ha estudiado el influjo del aristócrata inglés en varios trabajos: “Lord Holland y los orígenes del liberalismo español”, Revista de Estudios Políticos, núm 36 (1983), p. 181 y ss.; “Sugerencias inglesas para unas cortes españolas”, en Materiales para el estudio de la Constitución de 1812 (Madrid: Tecnos, 1989); y en La generación española de 1808 (Madrid: Alianza Universidad, 1989), passim.
26 Sobre el debate político y constitucional de Walpole a Fox, me remito de nuevo a mi libro Sistema de gobierno y partidos políticos. De Locke a Park.
27 Es muy posible que lord Holland hablase de las ventajas del sistema parlamentario, pero lo cierto es que las fuentes que mejor se conocen de esa época son las cartas a Jovellanos, y en ellas curiosamente no menciona ninguna de las características del sistema parlamentario. Cfr. Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras completas, vol. V, Correspondencia, 1808-1811 (Oviedo: Instituto Feijoo de Estudios del Siglo xviii-Ayuntamiento de Gijón-krk Ediciones, 1990).
28 Memoria en defensa de la Junta Central, edición de la Junta General del Principado de Asturias, “Estudio preliminar” de José Miguel Caso González (Oviedo: 1993), pp. 187-189.
29 Ignacio Fernández Sarasola, “Estado, Constitución y forma de gobierno en Jovellanos”, en El pensamiento político de Jovellanos. Seis estudios (Oviedo: In Itinere, 2011), p. 55.
30 Cfr. Ignacio Fernández Sarasola, Poder y libertad. Los orígenes de la responsabilidad del Ejecutivo en España (1808-1823) (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001), p. 281 y ss.
31 Ignacio Fernández Sarasola, “Estudio preliminar” a los “Escritos políticos”, en Jovellanos, Obras completas, vol. xi (Oviedo: 2006), pp. lxiii y lxxxii. Sobre la anglofilia de Jovellanos, véanse, asimismo, los estudios de Clara Álvarez Alonso, José María Portillo y Santos Coronas, incluidos en Andrea Romano (coord.), Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell’area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell’800 (Milán: Giuffrè, 1998), aunque esos estudios se centran en el concepto (histórico) de Constitución, que yo mismo analizo en el volumen 6 de “Fundamentos” (Oviedo: jgpa, 2010).
32 La Teoría del Estado en las Cortes de Cádiz, 2a ed. (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2011), especialmente el primer capítulo.
33 Cfr. Diario de discusiones y actas de las Cortes (ddac), t. 8, intervenciones de Francisco Xavier Borrull, Pedro de Iguanzo y Alonso Cañedo, pp. 255-268 y 288-295.
34 De la estancia de Argüelles en Inglaterra me ocupo en “Agustín Argüelles en la historia constitucional española”, en Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Asturianos en la política española. Pensamiento y acción (Oviedo: KRK, 2006). Vuelvo a ello en mi reciente semblanza “Agustín Argüelles. El liberalismo progresista”, Claves de Razón Práctica, núm. 210 (marzo 2011), pp. 46-51.
35 Sobre los contactos de estos liberales con lord Holland, véanse las obras de Moreno Alonso citadas en nota 25. Sobre Toreno, véase mi libro El conde de Toreno. Biografía de un liberal (1786-1843) (Madrid: Marcial Pons, 2005).
36 El libro se publicó en diciembre de ese año, algunos meses después, por tanto, de que culminase el debate constituyente y de que se aprobase la Constitución de Cádiz. En el “Prólogo del traductor”, Juan de la Dehesa intenta equiparar los principios de este código con los de la Constitución británica, lo que le pone en bastantes apuros. Con esta traducción, De la Dehesa pretendía atenuar el influjo que venían teniendo en España los libros franceses, en muchos de los cuales se proponían, a su entender, “máximas y sistemas quiméricos”.
37 Rodrigo Fernández Carvajal señala que incluso sus “Reflexiones sobre la Revolución francesa” tuvieron escasa resonancia en España. Cfr. “El pensamiento político español en el siglo xix. Primer período”, en Historia general de las literaturas hispánicas, t. iv (1957), p. 347.
38 Cfr. mis estudios “La monarquía en el pensamiento de Benjamín Constant (Inglaterra como modelo)”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 10 (1991), pp. 121-138; y “El liberalismo francés después de Napoleón (de la anglofobia a la anglofilia)”, Revista de Estudios Políticos, núm. 76 (1992), pp. 29-43. Analizo la recepción en España de la doctrina francesa post-napoleónica en “La monarquía imposible. La Constitución de Cádiz de 1820 a 1823”, en Anuario de historia del derecho español, t. lxvi (Madrid, 1996), pp. 653-687, así como en mi monografía La monarquía doceañista. 1810-1837 (Madrid: Marcial Pons, 2012) (en prensa).
39 ddac, t. 9, p. 126.
40 En otra ocasión, este mismo diputado sostuvo que “en la Constitución de Inglaterra el veto absoluto de los reyes es la salvaguardia de la Constitución contra las innovaciones que pudieran destruirla o desfigurarla […] Mas la Comisión (constitucional) no creyó compatible con la índole de nuestra Monarquía introducir en la Constitución un principio tan excesivamente conservador”, ibidem, t. 11. p. 353.
41 Ibidem, t. 9, p. 122.
42 ddac (3 de septiembre de 1811).
43 Sobre el influjo del constitucionalismo francés en los diputados liberales me extiendo, además de en el libro citado en la nota 32, en “Los modelos constitucionales en las Cortes de Cádiz”, en François-Xavier Guerra (dir.), Revoluciones hispánicas, independencias americanas y liberalismo español (Madrid: Editorial Complutense, 1995), pp. 243-268, así como en “La Constitución de Cádiz y el liberalismo español del siglo xix” (1987), recogido en mi libro recopilatorio Política y Constitución en España. 1808-1978 (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007).
44 Sobre este particular es de sumo interés la obra de Gabriel Bonno citada en la nota 1.
45 Kant, por ejemplo, influido sin duda por Rousseau, sostuvo que en Inglaterra existía una monarquía absoluta enmascarada, en la que los contrapesos y los poderes intermedios no eran suficientemente eficaces para impedir que la Corona, mediante la corrupción, controlase todos los resortes del Estado. Cfr. George Vlachos, La pensée politique de Kant (París: PUF, 1962), pp. 460-467. Hegel, por su parte, sostuvo que en Inglaterra el Gobierno estaba en manos de los aristócratas y que el derecho inglés, pésimamente organizado, sólo existía para los ricos. Cfr. Lecciones sobre la filosofía de la historia (Madrid: Alianza Universidad, 1980), pp. 677-678.
46 ddac, t. 8, p. 284.
47 “Rey, Corona y monarquía en los orígenes del constitucionalismo español: 1808-1814”, Revista de Estudios Políticos, núm. 55 (enero-marzo 1987), pp. 123-195. Vuelvo a ello en mi citada monografía La monarquía doceañista, 1810-1837.
48 Cfr. mi estudio “Tradición y liberalismo en Martínez Marina” (1983), que incluyo en mi citado libro Política y Constitución en España, 1808-1978. Marina seguiría fiel toda su vida a los esquemas doceañistas, como pongo de relieve en el “Estudio introductorio” (1993) a su obra Principios naturales de la moral, de la política y de la legislación (ca. 1824), que incluyo en mi también citado libro Asturianos en la política española.
49 ddac (28 de septiembre de 1811).
50 Cfr. Ignacio Fernández Sarasola, Los partidos políticos en el pensamiento español, pp. 35-48.
51 ddac (20 de enero de 1812).
52 Alejandro Saiz Arnaiz, Los grupos parlamentarios (Madrid: Congreso de los Diputados, 1989), p. 21. Los textos y un comentario de ambos reglamentos pueden verse en Ignacio Fernández Sarasola, Reglamentos parlamentarios, vol. 3 de la colección Leyes Políticas Españolas. 1808-1978, dirigida por Joaquín Varela Suanzes-Carpegna (Madrid: Iustel, 2011) (en prensa).
53 Sobre este particular resulta muy interesante la información, no necesariamente las opiniones, que suministra Mario A. Cattaneo en Il partito politico nel pensiero dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese (Milán: Giuffrè, 1964), p. 63 y ss.
54 Del influjo del constitucionalismo británico en la Asamblea Constituyente de 1789 me ocupo en “Mirabeau y la monarquía o el fracaso de la clarividencia”, Historia Contemporánea, núm. 12 (Bilbao: Universidad del País Vasco, 1995), pp. 231-245.
55 Sobre la vida y obra de este autor resultan imprescindibles los dos pioneros volúmenes de André Pons, Blanco White y España y Blanco White y América (Oviedo: Instituto Feijoo de Estudios del Siglo xviii, Oviedo, 2002 y 2006 [respectivamente]). Véase asimismo la biografía de Martin Murphy, Blanco White: Self-Banished Spaniard, traducida recientemente al español con el título, a mi juicio menos afortunado, El ensueño de la razón. La vida de Blanco White (Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, [1989] 2011).
56 Sobre el pensamiento constitucional que Blanco expone en este periódico me extiendo en “Un precursor de la monarquía parlamentaria: Blanco White y El Español (1810-1814)”, Revista de Estudios Políticos, núm. 79 (enero-marzo 1993), pp. 101-120, así como en mi citada monografía La monarquía doceañista. 1810-1837. Buena parte de las ideas de Blanco White sobre el sistema parlamentario le fueron inculcadas por lord Holland, como se pone de relieve en la correspondencia que ambos mantuvieron, recogida en José María Blanco White, Epistolario y documentos, textos reunidos por André Pons, edición de Martin Murphy (Oviedo: Instituto Feijoo de Estudios del Siglo xviii, 2010).
57 Antonio de Capmany, Centinela contra franceses, introducción, notas y apéndices documentales de Françoise Étienvre (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, [1808] 2008).
58 El Español, t. 5 (octubre 1812), p. 401.
59 Ibidem, t. 5 (mayo-junio 1812), pp. 119-120.
60 Ibidem, t. 5 (febrero 1811), p. 420.
61 Ibidem, t. 2 (octubre 20, 1810), pp. 196-197.
62 Ibidem.
63 Paley, en efecto, pese a seguir anclado en la doctrina de la “monarquía mixta y equilibrada”, destacó la profunda diferencia que existía entre the legal existence of royal authority y the actual exercise of royal authority. Desde el primer punto de vista, el rey de Inglaterra estaba revestido de unas prerrogativas tan vastas que un extranjero podría pensar que la monarquía inglesa era despótica. Desde el segundo, en cambio, tales prerrogativas regias se transformaban en mere ceremonias. The Principles of Moral and Political Philosophy, libro vi, cap. vii (Cambridge: New Bond Street, 1785).

Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
Universidad de Oviedo


Una imagen desactualizada de la Constitución y de las instituciones inglesas provocó que los diputados doceañistas rechazaran la influencia de Gran Bretaña a la hora de discutir los lineamientos generales del nuevo Estado español. En este artículo se rastrean las razones de este malentendido y se analiza el pensamiento de Blanco White como una de las excepciones de la francofilia gaditana.


La recepción del modelo constitucional británico
en la España del siglo xviii

El conocimiento del constitucionalismo británico en la España del siglo xviii, sobre manera en su segunda mitad, resulta indudable, aunque falten todavía muchos estudios sobre este particular y desde luego una monografía similar a la que escribió Gabriel Bonno respecto a Francia: La Constitution britannique devant l’opinion française de Montesquieu à Bonaparte.1


La imagen del sistema británico que se difundió en España durante la segunda mitad del siglo XVIII fue la monárquico-constitucional. Este óleo de Peter Tillemans retrata el funcionamiento de la Cámara de los Comunes antes de la reforma del sistema político, cuando las sesiones se llevaban a cabo en la capilla de San Esteban. Peter Tillemans, The House of Commons in Session, 1709-1714. Óleo sobre tela, 137.2 x 123 cm. Houses of Parliament, Westminster, Londres.

Lo que fundamentalmente interesa saber ahora es si la interpretación del sistema británico de gobierno que se difundió entre los españoles del siglo xviii fue la monárquico-constitucional o la monárquico-parlamentaria. La primera se basaba en las normas jurídicas en vigor tras la revolución de 1688, tanto las aprobadas por los comunes y los lores (statute law) como las procedentes del common law e interpretadas por los jueces; dos tipos de normas en virtud de las cuales se presentaba al rey como el titular de la dirección política del Estado, aunque con el control de las dos cámaras del Parlamento. La segunda interpretación se inspiraba en las convenciones constitucionales que se habían ido afianzando desde la entronización de los Hannover, en 1714, a cuyo tenor se atribuía de manera primordial, aunque no exclusiva, la dirección política del Estado por un gabinete responsable ante la Cámara de los Comunes y, dentro de aquél, por un primer ministro, que era a la vez el dirigente del partido con más respaldo en el Parlamento.2

Pese a las mencionadas carencias historiográficas, puede afirmarse que la interpretación del sistema británico que casi en exclusiva se divulgó en España durante el Siglo de las Luces, particularmente a partir del acceso al trono de Carlos III (1759), fue la primera; asimismo, fue la dominante en la misma Gran Bretaña a lo largo de todo el siglo xviii.3 La segunda interpretación, que en este país fue cobrando cada vez más peso en el último tercio de este siglo, hasta llegar a triunfar en definitiva a principios del xix, en España sólo llegó a ser mayoritaria a partir de 1834, muerto ya Fernando VII y en plena guerra civil entre liberales y carlistas.

Para explicar este fenómeno es preciso tener en cuenta que el publicista británico más conocido en la España del setecientos e incluso de comienzos del ochocientos fue Locke, esto es, justamente el autor que, en An Essay Concerning the True Original Extent and End of Civil Government (1690), acuñó la interpretación monárquico-constitucional del sistema británico de gobierno, conocida como “doctrina de la monarquía mixta y equilibrada”, que más tarde actualizarían Bolingbroke, Montesquieu, Blackstone y De Lolme. A juicio de Locke, la monarquía inglesa articulada tras la “Revolución Gloriosa” era una “monarquía moderada” —expresión de raigambre tomista— en la que se mixturaban las tres formas puras de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia, encarnadas por el rey, los lores y los comunes. Tres instituciones sometidas entre sí a un conjunto de pesos y contrapesos (checks and balances), de tal suerte que si el monarca tenía la facultad de vetar las leyes aprobadas por las dos Cámaras legislativas, éstas podían negar al monarca los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la función ejecutiva y la federativa, además de estar facultadas para exigir la responsabilidad penal de los ministros a través del impeachment.4

Pues bien, ya desde principios del siglo xviii los publicistas españoles conocen la doctrina de la monarquía mixta y equilibrada que Locke expuso en su mencionada obra.5 La influencia del pensador inglés se mantendrá a lo largo del siglo y se detecta en autores tan destacados como Campomanes, Jovellanos, Cabarrús y Martínez Marina, bien de forma directa o a través de otros autores de lengua francesa, como Montesquieu.6

Pero, tras Locke, el autor que más contribuyó a difundir el cons-titucionalismo inglés en la España de la segunda mitad del siglo xviii fue Montesquieu, cuya publicación más célebre, De l’esprit des lois (1748), fue la que tuvo más resonancia en España entre toda la literatura política del siglo.7 La huella de esta obra es patente no sólo entre los publicistas liberales e ilustrados, como Ibáñez de la Rentería, Enrique Ramos, León Arroyal, Alonso Ortiz, Alcalá Galiano, Cadalso, Foronda y Jovellanos, sino también entre otros opuestos a la Ilustración y al liberalismo, como Antonio Xabier Pérez y López, Forner y Peñalosa.8


De manera esquemática, esta estampa satírica muestra el funcionamiento de las instituciones británicas (el Rey, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes) como un sistema de pesos y contrapesos. También puede apreciarse el ejercicio del impeachment y la importancia del veto del rey. Anónimo, The Constitution, 1770. Grabado, 18.8 x 12 cm. British Museum, Inglaterra.

En De l’esprit des lois, Montesquieu había interpretado la Constitución británica —como antes había ocurrido con Vol-taire,9 un pensador de menor influjo en España—10 de acuerdo con la doctrina lockeana de la monarquía mixta y equilibrada, que había hecho suya también Bolingbroke, aunque el barón de la Brède acentuase la división de poderes.11 Estas influencias doctrinales le llevaron a criticar el nexo entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria, que Montesquieu consideraba una degeneración de la Constitución británica, como había hecho su amigo Bolingbroke, y a pasar por alto otros rasgos del sistema inglés de gobierno, que Montesquieu tuvo oportunidad de conocer directamente entre 1729 y 1731, como la figura del primer ministro y los mecanismos para exigir la responsabilidad política del gabinete. Aunque es verdad que, en contrapartida, puso de relieve la importancia del bipartidismo en la Gran Bretaña y, al contrario de lo que había hecho Bolingbroke en A Dissertation upon the Parties (1733-1734) y en Idea of a Patriot King (1738), elogió el papel de los partidos políticos en el Estado constitucional.12

A todo lo dicho debe agregarse que en el último tercio del siglo xviii tuvieron una notable difusión en España los Commentaries on the Laws of England, publicados entre 1765 y 1769 por William Blackstone. Una traducción española se publicó en un periódico madrileño muy influyente entre los medios ilustrados: el Espíritu de los Mejores Diarios Literarios que se Publican en Europa, el cual vio la luz por primera vez el 2 de julio de 1787, editado por Cristóbal Cladera.13

Blackstone había trazado en su magna obra una panorámica completa del ordenamiento jurídico inglés, pero centrándose tan sólo en las normas aprobadas por el Parlamento y en las establecidas por los jueces, sin reparar en las convenciones que se habían ido afianzando desde la revolución de 1688 y que habían ido cambiando el sistema de gobierno, sobre todo durante el mandato de Walpole como primer ministro, esto es, de 1721 a 1742. Dicho en pocas palabras, Blackstone, al fin y al cabo un jurista, y además el más importante jurista inglés del siglo xviii, describió la “Constitución formal” de Inglaterra, ciertamente de un modo muy autocomplaciente,14 sin importarle un ardite su “constitución material”. Este punto de partida explica que viese en el monarca inglés un auténtico jefe de Gobierno, como si nada hubiese cambiado desde la “Revolución Gloriosa” de 1688,15 y que a lo largo de los cuatro tomos de sus Comentarios no se refiriese para nada a la importancia de los dos partidos políticos, el whig y el tory, en la estructura constitucional del Estado, ni tampoco al gabinete ni a los mecanismos mediante los cuales la oposición exigía la responsabilidad política del Gobierno ante las dos cámaras del Parlamento, como la moción de censura, el voto de confianza, el debate de los presupuestos, las preguntas y las interpelaciones; mecanismos que ya estaban consolidados por aquel entonces, pese al retroceso que se había producido en el sistema de gobierno desde la llegada al trono de Jorge III.

No debe olvidarse tampoco que la influyente obra del suizo Jean Louis de Lolme, De la Constitution d’Anglaterre, publicada en 1771 y traducida al inglés en 1776, se había distribuido en España en su versión inglesa poco después de que ésta viese la luz,16 aunque es probable que se difundiese también a través de las numerosas ediciones que se fueron haciendo en lengua francesa, una lengua mucho más accesible que la inglesa para la mayor parte de los españoles cultos de entonces.17

La interpretación que hizo De Lolme del sistema británico de gobierno era incluso más arcaica, y desde luego más pedestre, que la que habían hecho antes Bolingbroke, Montesquieu y Blackstone. El autor suizo no menciona para nada al gabinete, sólo habla a este respecto de los “ministros” y de su responsabilidad penal, llegando incluso a afirmar de manera rotunda que la Constitución inglesa había “excluido enteramente de la potestad executiva a aquellas personas a quienes ha confiado el establecimiento de las leyes”.18 En cuanto al bipartidismo, De Lolme reconoció su existencia e incluso dedicó el último capítulo de su libro a este asunto, afirmando, de acuerdo con Montesquieu, que Inglaterra había conjurado los peligros de discordias intestinas que en otras partes eran consustanciales a la existencia de los partidos, pero sin profundizar en la importancia de éstos en la estructura constitucional británica, esto es, en su “constitución material”.19

Algunos autores dieron a conocer otro elemento clave del sistema político británico: el bipartidismo. En particular, celebraban que el diseño institucional permitiera resolver los desacuerdos entre los partidos. J. Aitken, Bear Street, Leicester Square, The Tories and the Whigs pulling for a crown, 1789. Aguafuerte, 22.6 x 26.7 cm. Biblioteca del Congreso, EEUU, Prints & Photographs Division, LC-DIG-ppmsca-4313.

Debe señalarse también que la interpretación del sistema británico de gobierno como una monarquía “mixta”, presidida por el “equilibrio” de sus poderes, fue también la que divulgaron en España los viajeros ingleses que, sobre todo en las últimas décadas, nos visitaron a lo largo del siglo xviii. A este respecto, Ana Clara Guerrero destaca las ideas de A. Jardine, un militar que llegaría a ser cónsul de Inglaterra en La Coruña y que mantuvo una buena relación con Jovellanos, más tarde rota. Las ideas de este viajero son interesantes precisamente porque no formaban “un cuerpo organizado”, sino que eran “una manifestación de esos lugares comunes a gran parte de la población ilustrada británica”. Entre estas “ideas comunes”, que es lógico pensar que transmitirían a los españoles, estaba la de defender, tal como acontecía en Inglaterra, un Poder Legislativo compuesto de tres partes, “un monarca, un senado y unos Comunes por representación”, de tal forma que mediante su “control mutuo” pudiese “llegarse a un gobierno equilibrado”.20

Ello no obsta para que algunos pocos, pero muy destacados, ilustrados españoles subrayasen, en las 2 últimas décadas del siglo xviii, la importancia de uno de los elementos básicos del sistema parlamentario británico: el bipartidismo. Tal era el caso de Ibáñez de la Rentería en sus Reflexiones sobre las formas de gobierno (1783), de Victorián de Villaba en su apéndice a la traducción de las Lecciones de comercio o bien de economía civil del abate Antonio Genovesi (1784) y del duque de Almodóvar en su Constitución de Inglaterra, impresa en 1785 como apéndice al segundo tomo de la Historia política de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas, adaptación al castellano del libro del abate Raynal.21 En esta obra, el duque de Almodóvar, citando a De Lolme, su principal fuente de inspiración después de Blackstone, recuerda: “[S]olamente los ingleses […] han hallado hasta ahora el secreto de poderse mantener en partidos opuestos, sin odiarse, sin perseguirse unos a otros”,22 lo que no le impide reconocer que “ordinariamente pasa por mixto su gobierno, compuesto de monarquía, aristocracia y democracia”, ni afirmar que “en el monarca residen todas las prerrogativas y derechos de la soberanía”.23 En fin, también León de Arroyal mencionó a los partidos políticos ingleses en sus Cartas al conde de Lerena (1789), mientras que en su Pan y toros, un escrito redactado hacia 1792, pero que no se publicó hasta 1812, expresó su admiración por el régimen de libertades británico.24

Lord Holland y Jovellanos

A partir de 1808, el constitucionalismo británico cobró un auge inusitado en España —sobre todo, por supuesto, en la no ocupada por los franceses—, al socaire de la libertad de imprenta y debido al prestigio que lo inglés tenía entre los españoles. A la postre el principal aliado del pueblo español en su lucha contra Napoleón sería la Gran Bretaña.

En la difusión de este constitucionalismo desempeñó un papel muy destacado lord Holland. El aristócrata inglés era un relevante miembro del partido whig y uno de los discípulos predilectos de James Fox, su tío, sin duda el más importante dirigente de este partido en el último tercio del siglo xviii, durante el cual los tories, capitaneados por Pitt el Joven, mantuvieron su hegemonía. Lord Holland llegó a adquirir un gran conocimiento y cariño por España —su segunda patria, como él mismo gustaba recordar—, así como una notable influencia sobre algunos hombres que tuvieron un indudable protagonismo en este periodo, uno de los más críticos de toda nuestra historia.25

Lord Holland, miembro del partido whig, divulgaba en España las bondades del bipartidismo, pese a que los tories mantuvieran el control del gabinete. En esta caricatura, Lord Holland se cura inmediatamente de la gota al enterarse de que su partido había regresado al poder. John Doyle, A Cure for the Gout, 1830. Litografía, 36 x 28.5 cm. Boston Medical Library.

En sus estancias en Sevilla durante la Guerra de la Indepen-dencia, lord Holland expuso ante un selecto grupo de intelectuales españoles los trazos esenciales del constitucionalismo británico. Entre ellos es probable que figurase el sistema parlamentario de gobierno y acaso también las ventajas de los partidos políticos en un Estado constitucional. Dos trazos que desde principios del siglo xviii habían defendido destacados políticos whigs, como Robert Walpole en su constante polémica con Bolingbroke, David Hume en sus agudos ensayos y, sobre todo, Edmund Burke en Thoughts on the Cause of the Present Discontents (1770), así como el propio James Fox en los arduos debates que habían tenido lugar entre los comunes tras la dimisión de lord North, en 1782. Una dimisión que, al seguir contando éste con el apoyo de Jorge III, había supuesto un hito decisivo en el desarrollo del sistema parlamentario de gobierno.26

Pero en el caso de que lord Holland tratase de convencer a sus amigos españoles de las ventajas del sistema parlamentario de gobierno y de la existencia de los partidos políticos, resulta fácil comprobar que sus enseñanzas no tuvieron mucho fruto entre ellos entonces, con la excepción de José María Blanco White, del que más tarde se hablará.27

Digamos ahora que el principal valedor del constitucionalismo británico durante la Guerra de la Independencia fue Jovellanos. Ahora bien, en su Memoria en defensa de la Junta Central y en otros escritos y dictámenes redactados entre 1809 y 1811, Jovellanos defendió el sistema británico de gobierno según la doctrina de la monarquía “mixta” y “equilibrada”. A su juicio, era preciso vertebrar en España un Estado basado en el “equilibrio político” entre sus diversos poderes, de manera señalada entre el monarca y las futuras Cortes para, de este modo, alcanzar la “balanza constitucional”.28

En realidad, como ha señalado el mejor conocedor actual de su pensamiento político y constitucional:

de forma directa o indirecta, el sistema de gobierno británico conformaba el principal ejemplo para Jovellanos. En él, el asturiano veía una Constitución equilibrada, en la que junto con una separación rígida de los poderes del Estado se incluían una serie de controles mutuos (checks and balances) que frenaba la arbitrariedad […] [Jovellanos] no había asimilado el régimen inglés tal y como existía en esos momentos en la isla vecina […] interpretó el régimen inglés en clave de Monarquía Constitucional, tal y como describían los autores que el gijonés más admiraba: Montesquieu, De Lolme, Locke, Blackstone, Hume, Adam Ferguson y John Adams. Atendió a la letra de los documentos constitucionales ingleses. Pero la realidad en la isla era bien distinta. La práctica constitucional y las convenciones habían alterado el régimen vigente, de forma que en el momento en que el asturiano escribe sobre Inglaterra, ésta presenta ya un embrionario cabinet system y marcha irremisiblemente hacia la senda de la Monarquía Parlamentaria.29

Desde esta atalaya doctrinal, el pensador español defendió un sistema de gobierno monárquico-constitucional, vertebrado en tomo a un monarca robusto, a quien correspondía nombrar y cesar con libertad a “sus” ministros, responsables tan sólo penalmente ante las Cortes, aunque es verdad que Jovellanos defendió también su responsabilidad “moral”,30 quizá merced al influjo de Burke y Fox —cuyas obras y discursos, de manera respectiva, había leído el ilustrado asturiano—, o del propio lord Holland.31 En cualquier caso, Jovellanos no llegó a defender nunca una auténtica responsabilidad política de los ministros ante las Cortes ni hizo mención alguna a los partidos políticos ni, por tanto, al papel de la oposición en el seno del Estado constitucional. Un silencio ciertamente muy elocuente, al que se sumarían, como veremos de inmediato, los diputados gaditanos e incluso el propio Blanco White, y que contrasta con la ya comentada actitud de Ibáñez de la Rentería, Victorián de Villaba, el duque de Almodóvar y León de Arroyal.

El debate en las Cortes de Cádiz sobre el sistema británico de gobierno

Aunque en las Cortes de Cádiz no puede hablarse de partidos políticos, sí puede y debe hablarse de tres tendencias constitucionales, que en otro lugar examiné de forma detenida:32 la primera la formaban los diputados americanos; la segunda, los diputados realistas; la tercera, los diputados liberales de la metrópoli.

Prescindiendo ahora de los primeros, sobre los que fue muy escaso el influjo del constitucionalismo británico, no cabe duda de que entre los diputados realistas la influencia de este constitucionalismo fue muy grande, sobre todo a través de la interpretación que se había hecho en De l’esprit des lois. Ahora bien, lo que cautivó a estos diputados no fue la posición constitucional del monarca británico, sino la organización del Parlamento. A este respecto, trajeron a colación la teoría de los cuerpos intermedios de Montesquieu e insistieron no tanto en la importancia de un Ejecutivo monárquico fuerte como el británico, como sí había hecho Jovellanos, sino en la necesidad de una representación especial para la nobleza y sobre todo para el clero, estamento al que pertenecía buena parte de los realistas, al estilo de la Cámara de los Lores. Una representación especial que Jovellanos también había defendido con anterioridad.33

Uno de los rasgos institucionales que los españoles valoraban más del sistema británico era la representación de la nobleza en la Cámara de Lores. Jacob Gole, William III seated in the House of Lords, ca. 1689. Aguafuerte, 25.6 x 34.1 cm. British Museum.

En lo que atañe a los diputados liberales, no cabe duda de que un influyente grupo de ellos conocía el constitucionalismo de la Gran Bretaña. Agustín Argüelles había vivido en Londres unos años antes de que estallase en España la Guerra de la Independencia.34 Otro destacado diputado en las Cortes de Cádiz, el también asturiano José María Queipo de Llano, conde de Toreno, había estado en Inglaterra —junto con Ángel de la Vega Infanzón, uno de los anglófilos españoles de la primera hora— comisionado por el Reino de Asturias para solicitar ayuda al poderoso aliado en la lucha contra el invasor francés. Tanto Argüelles como Toreno conocían ya por aquel entonces a lord Holland, como ocurría también con otro destacado diputado de las Cortes de Cádiz: Juan Nicasio Gallego.35

Ahora bien, en lo que concierne a la forma de gobierno, que es el único aspecto que en este trabajo interesa examinar, ¿estaban al tanto los diputados liberales de la doctrina del cabinet system o sólo conocían la doctrina, ya clásica, pero sin duda arcaica, de la monarquía mixta y equilibrada? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que veían en la monarquía británica: una monarquía constitucional o una parlamentaria?

Pese al trato personal con lord Holland y a las estancias de algunos de ellos en Inglaterra, los diputados liberales, al igual que Jovellanos, conocían mejor la doctrina de la monarquía mixta y equilibrada que la del cabinet system. Al fin y al cabo, la primera la habían difundido los viajeros ingleses, como queda dicho, y sobre todo la habían defendido autores muy conocidos para estos diputados, como Locke, Montesquieu, Blackstone y De Lolme; un autor, éste último, cuyo libro más célebre tradujo al español Juan de la Dehesa precisamente en 1812.36 En cambio, el principal defensor de la doctrina del cabinet system, Edmund Burke, era mucho menos conocido,37 mientras que la recepción en España del sistema parlamentario de gobierno a través de la doctrina francesa, muy en particular la de Benjamin Constant, no se llevaría a cabo hasta el Trienio Constitucional (1820-1823).38

La corrupción de los partidos reforzaba la imagen negativa del sistema político inglés en España. La compra de votos quedó retratada en este óleo de Hogarth, en el que tanto los tories como los whigs intentan comprar el voto de un granjero. William Hogarth, Canvassing for Votes, 1755. Cortesía de Trustees of Sir John Soane’s Museum, Inglaterra.

Por eso, los liberales doceañistas no identificaron el sistema inglés de gobierno con el predominio de un gabinete responsable ante los comunes, sino con el de un monarca que tenía en sus manos poderes muy considerables, algo que ciertamente no podía ser de su agrado. Este fenómeno se puso de manifiesto en diversas ocasiones a lo largo del debate constituyente, incluso entre los diputados que más gala hacían de conocer el constitucionalismo de las Islas Británicas. Así, por ejemplo, Agustín Argüelles sostuvo la necesidad de que el veto regio no fuese “pura fórmula”, esto es, un acto debido, añadiendo a continuación: “[S]i fuese como en Inglaterra, donde el Rey tiene el veto absoluto, podrían seguirse graves males a la Nación”.39 Con ello parecía olvidar que el veto regio no se ejercía en aquel país desde el 11 de marzo de 1708, cuando la reina Ana I se negó a prestar el royal assent para impedir la entrada en vigor de la Scottish Militia Act.40 En este mismo debate, Evaristo Pérez de Castro, aludiendo a la Constitución británica, señala “la inmensa extensión que tiene en este y otros puntos la prerrogativa real”.41

Por supuesto, de estas intervenciones no cabe deducir que los diputados liberales, sobre todo los que habían vivido en Inglaterra, ignorasen todo lo relativo al sistema parlamentario de gobierno y, en particular, la importancia de un gabinete responsable ante los comunes a la hora de llevar a cabo la dirección del Estado. Pero aunque estos diputados conociesen, siquiera de forma parcial, el desarrollo del cabinet system, sabían sin duda que tal sistema de gobierno y, por tanto, el vaciamiento progresivo del poder regio en beneficio de un Gobierno responsable ante el Parlamento, habían obedecido a una historia muy peculiar, imposible de trasladar a España. Sobre esta imposibilidad insistió el conde de Toreno en una ocasión cuando, replicando a los que habían invocado el ejemplo inglés, advirtió:


No se cite a Inglaterra: allí hay un espíritu público formado hace siglos; espíritu público sólo concebible para los que hemos estado en aquel país y lo hemos visto de cerca; espíritu público que es la grande y principal barrera que existe entre la nación y el rey, y asegura la Constitución, que fue formada en diferentes épocas y en diferentes circunstancias que las nuestras.42

Para limitar los poderes del rey, pues, era preciso en España, a diferencia de Inglaterra, acudir a las normas constitucionales, pues las convenciones no se podían improvisar. Por otro lado, como se dirá más adelante, los liberales españoles no querían limitar los poderes del rey en beneficio de un Gobierno responsable ante las Cortes, sino a favor de unas Cortes que gobernasen. Intención, desde luego, muy distinta. En otras palabras, los liberales no querían articular un sistema parlamentario de gobierno, sino un sistema asambleario o convencional, como habían hecho los “patriotas” franceses entre 1789 y 1792. Unos “patriotas” a los que se sentían unidos por una historia similar, la de la monarquía absoluta que ahora pretendían transformar de manera radical, por unos mismos intereses y objetivos, y desde luego también por una formación intelectual esencialmente igual, pues la literatura francesa, mucho más que la inglesa, había sido la principal fuente de información de las élites ilustradas y liberales españolas a lo largo del siglo xviii.43

No puede descartarse tampoco, aunque carezca de pruebas fehacientes para asegurarlo, que los liberales doceañistas asociaran el núcleo del cabinet system, esto es, el nexo entre Gobierno y mayoría parlamentaría, a la compra de votos y al tráfico de influencias; en definitiva, a la corrupción parlamentaria y electoral por parte del rey y de las camarillas dirigentes de los partidos políticos. Una asociación en la que habían insistido a lo largo del siglo xviii no sólo Bolingbroke y otros pensadores tories, sino también autores tan influyentes sobre los liberales españoles como Rousseau, Sieyès y, en general, los “patriotas” de 1789,44 así como otros de menor influencia, pero también conocidos, como Tom Paine, autor de dos opúsculos muy críticos con la Constitución de su país: Common Sense (1776) y sobre todo The Rights of Man (1791).

Pero sea cual fuere el influjo que esta imagen tan negativa del sistema británico de gobierno ejerció sobre los liberales doceañistas —una imagen muy extendida también en Alemania—,45 lo que resulta claro es que estos diputados no quisieron inspirarse en la Gran Bretaña a la hora de articular el Estado constitucional; ni según la interpretación que de este modelo se hacía de acuerdo con los esquemas lockeanos de la monarquía mixta y equilibrada, que Jovellanos y los diputados realistas defendían entonces; ni tampoco de acuerdo con las pautas del cabinet system, que parecían conocer peor.


El liberalismo gaditano decidió darle un lugar primordial a las Cortes (es decir, al Poder Legislativo) sobre el rey. Este sería el gran cambio, la nueva verdad política establecida por la Constitución de 1812. En este Goya, la Verdad lleva en sus manos a la Constitución de 1812 que ilumina las tinieblas del Antiguo Régimen. Francisco de Goya y Lucientes, Lux ex tenebris, 1812-1814. Museo Nacional del Prado, España.

En realidad, excepto en lo relativo a la organización del Poder Judicial, y aun así con muchos matices, el constitucionalismo inglés no tuvo apenas influencia entre los diputados liberales, quienes en las Cortes de Cádiz tuvieron la responsabilidad de trazar las líneas maestras del Estado constitucional en ciernes. Para desesperación de lord Holland y de Jovellanos, estos diputados prefirieron seguir la senda que habían trazado los “patriotas” franceses en la Asamblea de 1789. Es significativo a este respecto que fuese Locke el único autor inglés que gozó de verdadera influencia entre los diputados liberales, y lo es todavía más que tal influencia fuese en especial grande en lo que concierne a las tesis más iusnaturalistas y, por tanto, menos específicamente inglesas, como las ideas del estado de naturaleza y del pacto social o la de los derechos naturales, bien recibidas por los diputados más radicales, como el conde de Toreno; además, por supuesto, de su teoría de los “pesos y contrapesos”, que fueron del agrado de casi todos los miembros de las Cortes, aunque los liberales, como antes habían hecho los “patriotas” franceses del 89, interpretaron esta teoría pasándola por el tamiz de Rousseau.

Si la monarquía parlamentaria era una forma de gobierno que ellos desconocían o no conocían del todo, la monarquía constitucional, basada en una Corona robusta y en una representación especial para la nobleza y el clero, tal como se configuraba a partir de la doctrina de la monarquía mixta y equilibrada, no satisfacía en absoluto sus pretensiones revolucionarias. Unas pretensiones que sólo podían llevarse a la práctica si se convertía a las Cortes en el corazón del nuevo Estado. A unas Cortes, claro está, unicamerales:


Es innegable —decía a este respecto Argüelles— que la Inglaterra puede servir en muchas cosas de modelo a toda Nación que quiera ser libre y feliz. Por mi parte confieso que muchas de sus instituciones políticas, y más que todo el feliz resultado que presentan, forma el ídolo de mis deseos. Mas no por eso creo yo que el sistema de sus cámaras sea de tal modo perfecto que pueda mirarse como un modelo de representación nacional.46

Frente a las dos posibles interpretaciones del sistema de gobierno británico, los diputados liberales defendieron un sistema de gobierno bien distinto, inspirado en la Constitución francesa de 1791, que se plasmaría en la Constitución de 1812 y en otras normas aprobadas por las Cortes, que ya en una ocasión examiné de forma exhaustiva.47 Este sistema de gobierno, que en esencia hizo suyo Martínez Marina en su Teoría de las Cortes,48 partía de una separación muy neta entre el rey, a quien se atribuía la función ejecutiva, y las Cortes, a quienes se otorgaba la función legislativa. Ahora bien, mientras a las Cortes se les concedía una importante participación en el ejercicio de la primera función, al rey se le reconocía una participación mucho menos relevante en el ejercicio de la segunda, que se concretaba en una muy débil iniciativa legislativa y en un veto suspensivo de las leyes. De las leyes ordinarias, claro está, no de las constitucionales. Además de eso, las Cortes se convocaban automáticamente y el rey no podía disolverlas. En su artículo 95, la Constitución establecía una incompatibilidad absoluta entre el cargo de secretario de despacho —esto es, de ministro— y la condición de diputado. Una incompatibilidad que Argüelles defendió de forma categórica por entender que, además de respetar la tradición de las Cortes de Aragón, Castilla y Navarra, suponía una acertada “precaución que toma la Nación para evitar el influjo que el rey pueda tener sobre ellos. Si quieren ser diputados pueden serlo dejando el destino”.49 En coherencia con este punto de partida, los diputados liberales, aunque no descartaron la responsabilidad política de los secretarios del despacho ante las Cortes, tampoco la defendieron de forma expresa, centrándose tan sólo en la responsabilidad penal, que fue la única que se reguló en el texto doceañista, según el cual los secretarios del despacho dependían tan sólo y de forma exclusiva de la confianza del rey, para nada de la confianza de las Cortes.

En lo que concierne a los partidos políticos, aunque en las Cortes de Cádiz no suscitaron debate alguno, está fuera de duda que sus miembros sintieron hacia ellos un franco rechazo, al identificarlos con las “facciones” y al atribuirles buena parte de los errores cometidos por la Revolución francesa.50 Es muy ilustrativa, a este respecto, una intervención del diputado Miguel Riesco, en la que acusa a las Constituciones que se habían aprobado durante esa revolución de ser “obra de una facción, concebidas en horas, aceptadas en minutos y destruidas cuando lo era el partido que las había producido”. A juicio de este diputado, estas Constituciones se hubiesen mantenido si “la generalidad de opinión hubiese estado a su favor, o lo que es lo mismo, si no hubiese habido los choques de partidos”. Concluía Riesco felicitándose de que en la España de entonces las cosas fuesen bien distintas: “[A]quí no hay choques, no hay partidos […] [U]no es el interés, uno es el partido, una, pues, es la opinión”.51

Por otra parte, tanto la Constitución como los reglamentos parlamentarios del 27 de noviembre de 1810 y del 4 de septiembre de 1813 excluyeron “las actuaciones de grupos de diputados para la puesta en marcha de los mecanismos parlamentarios o para la formación de los órganos de las Cortes”,52 de acuerdo con una perspectiva individualista, similar a la que habían sustentado los “patriotas” franceses de 1789 al regular estos extremos y al aprobar la famosa ley Chapelier.53

Entre los diputados liberales, pues, el constitucionalismo británico no concitó el desdén que había suscitado entre algunos miembros de la Asamblea de 1789, como Sieyès, ni mucho menos la aversión que había provocado a los más destacados elementos de la Convención de 1793, como el propio Robespierre. Pero si en Cádiz no puede hablarse de anglofobia, no es menos cierto que tampoco se detectó la presencia de un grupo de auténticos anglófilos liberales, como había ocurrido en la Asamblea constituyente de 1789 con Lally-Tollendal, Mounier y Mirabeau.54 Así, en efecto, con la excepción acaso de Ángel de la Vega Infanzón, un diputado muy poco activo, los diputados doceañistas más próximos a la anglofilia constitucional de Jovellanos, como su sobrino Alonso Cañedo, no eran liberales, sino realistas templados, como el propio Jovellanos; mientras que Argüelles y Toreno, por citar a dos destacados liberales, no eran enteramente anglófilos, en el sentido constitucional del término, aunque el último lo sería, y mucho, años más tarde.

La anglofilia constitucional de Blanco White

El único publicista, liberal y anglófilo a la vez, que en los años de la invasión francesa defendió el sistema británico de gobierno tal como éste funcionaba realmente fue José María Blanco White,55 bien es verdad que omitiendo el papel, ciertamente decisivo, que desempeñaban los partidos políticos en la estructura constitucional inglesa. Esta defensa la hizo Blanco a través de las páginas de El Español, un periódico dirigido por él mismo y publicado en Londres desde abril de 1810 hasta junio de 1814.56

Blanco, como la mayor parte de los intelectuales españoles de su generación, confiesa haber estado notablemente influido por las ideas políticas revolucionarias que había encontrado en los libros franceses del siglo xviii. Pero, a diferencia de Agustín Argüelles o de Diego Muñoz Torrero, por citar dos ejemplos significativos, esta primera fase la superó relativamente pronto y, además, de forma radical. Blanco White, en realidad, era un anglófilo, y eso le había llevado a una virulenta francofobia, que recuerda a la de un ilustre diputado de las Cortes de Cádiz, el catalán Antonio de Capmany, autor de un libro titulado Centinela contra franceses, publicado en 1808 y dedicado a lord Holland, a cuyo círculo perteneció, como el propio Blanco.57

El caballo de batalla de Blanco es la filosofía política de la Revolución francesa y su influencia, a su entender nefasta, en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de 1812. En su crítica a este código se pone de manifiesto el influjo de diversos autores ingleses, poco o nada conocidos en España por aquel entonces, como Jeremy Bentham, que es el autor inglés más publicado y comentado en El Español, pero también William Paley y Edmund Burke, cuyas obras elogia en diversas ocasiones, calificándolas de “profundas y elocuentes”.58

Blanco lanza sus críticas contra el modo en que la Constitución de Cádiz organizaba los poderes del Estado, sobre todo por marginar al monarca de la función de gobierno en beneficio de las Cortes, que, a su entender, se convertían en un órgano excesivamente poderoso. Blanco, con argumentos muy parecidos a los que Mirabeau había defendido en la Asamblea de 1789, critica la rigidez con que la Constitución de 1812 regulaba las relaciones entre el rey y los ministros, de una parte, y las Cortes, de otra. A su juicio, los legisladores de Cádiz habían cometido la imprudencia “de sembrar una emulación y enemistad perpetua entre el legislativo y el executivo”,59 cuando de lo que se trataba era precisamente de equilibrarlos y de encontrar los mecanismos capaces para que ambos actuaran de consuno en pro del interés nacional. Para ello, Blanco propone algunas medidas claramente incardinadas en el sistema parlamentario de gobierno, como la compatibilidad entre el cargo de ministro y la condición de diputado:


El poder executivo —afirma— debe estar actualmente animado de todo el poder, el saber y la autoridad del legislativo. El único modo de lograr esto es darle facultad de tomar ministros de entre los mismos representantes nacionales, de entre esos mismos miembros de las Cortes que se han ganado justamente la confianza de la Nación […] Póngase, por ejemplo, a un Argüelles en el Ministerio de Estado, a un Torrero en el de Gracia y Justicia, a un Gónzalez en el de Guerra, y se verá como crece la actividad y como se comunican fuerza los dos poderes. Los Ministros sabrán prácticamente donde hallan las dificultades y llevarán a las Cortes las cuestiones prácticas y del día, los puntos en que actualmente necesita el executivo del auxilio del legislativo. Pero la separación en que se hallan los pone en una especie de incomunicación muy dañosa para los primeros intereses de España.60

Cuatro famélicos sans-culottes se pelean por una rana y un gato muerto porque la  libertad política ha sumido a Francia en la miseria material. En contraposición, cuatro ingleses se regocijan con sus buenas viandas; incluso el gato inglés tiene qué comer (un ratón) y goza de la bonanza de su país. Isaac Cruikshank, French happiness - English misery, 1793. Aguafuerte coloreado a mano. Biblioteca del Congreso, EEUU.

Blanco White, en definitiva, discrepa profundamente del sistema de gobierno que los constituyentes gaditanos habían puesto en planta, que no era otro en lo esencial que el francés de 1791, y en contrapartida propone seguir el inglés. Ahora bien, ¿se limita el agudo publicista sevillano a fijarse en la regulación escrita de la monarquía inglesa (así como en los preceptos extraídos judicialmente del common law) como habían hecho Mounier en la Asamblea Constituyente francesa y Jovellanos en la Junta Central, o va más allá y capta la importancia de algunas convenciones a la hora de delimitar su naturaleza, como había ocurrido con Mirabeau? Como admirador de Burke, el más brillante defensor del cabinet system, a Blanco White no se le escaparon algunos mecanismos básicos de esta forma de gobierno, como la compatibilidad entre el cargo de ministro y la condición de parlamentario, según queda dicho. Blanco White, en realidad, al describir el sistema británico de gobierno se atiene mucho más a la realidad que al mito, al espíritu que a la letra, a la constitución material que a la formal:


La Constitución [británica] —dice en una ocasión— declara que el rey no puede hacer el mal […] Añádase a esta declaración que el rey debe valerse de sus Ministros para todos los actos de gobierno y que ellos son responsables de quanto hagan a nombre del rey.61

Es más, Blanco parece inclinarse por excluir al rey de la función de gobierno y atribuirla a los ministros conjuntamente con el Parlamento, cuando señala que en una “monarquía limitada” el rey debía gobernar a la nación “según decrete el Congreso que ella escoja para representarla”,62 aunque de sus escritos en El Español no se puede deducir una postura clara sobre este punto tan capital. Lo que resulta evidente, en cambio, es que captó, aunque no lo pusiera de relieve de forma expresa, el divorcio entre el derecho constitucional escrito y la realidad política inglesa, que su admirado Paley había señalado en The Principles of Moral and Political Philosophy (1785),63 así como la importancia de las convenciones en el sistema de fuentes inglés, aunque tampoco se refiera a ellas.

Blanco White, pues, no ve en la monarquía inglesa una simple monarquía “limitada” o constitucional, sino una monarquía en un proceso innegable de parlamentarización, que él contrapone como modelo alternativo a la que, siguiendo los pasos de la francesa de 1791, se había articulado en la Constitución de Cádiz. Sin embargo, como antes se adelantó, el perspicaz liberal sevillano nada dice acerca del papel que los partidos políticos llevaban a cabo en Inglaterra en el marco del sistema parlamentario de gobierno ni tampoco sobre la importancia de institucionalizar una oposición al Gobierno en el marco de este sistema. Un silencio que resulta de nuevo extraordinariamente significativo.